Durante las protestas sociales realizadas en el marco del paro nacional del presente año -especialmente en el enfrentamiento ocurrido entre población civil e indígenas del CRIC en la ciudad de Cali-, se pudo evidenciar que muchos ciudadanos poseen armas de fuego, armas traumáticas o de fogueo, siendo estas últimas empleadas no sólo contra la Fuerza Pública, sino contra otros ciudadanos y ciudadanas que ejercían su derecho a la protesta. De allí la necesidad de regular y llevar registro sobre las personas que poseen un arma traumática, entendidas como armas que disparan proyectiles de goma y otros compuestos.

Al respecto, durante el Primer Encuentro de Seguridad, Justicia y Convivencia en Montería, se anunció por parte del Ministerio de Defensa el Decreto sobre el control y regulación de las armas de letalidad reducida o traumáticas en Colombia. Al adoptar un procedimiento especial que otorgue un salvoconducto en casos excepcionales para el porte de este tipo de armas será posible llevar un registro de su comercialización y uso. Sin embargo, este seguimiento se plantea como un escenario futuro que busca, según el ministro de Defensa Diego Molano, “salvaguardar la integridad de la Fuerza Pública”.

Regularizar el porte de armas de letalidad reducida no significa, per se, una disminución en la criminalidad, pues las armas usadas por los criminales son, claramente, obtenidas de manera ilegal y es muy poco probable que quienes las portan se acojan al período de transición para entregarlas o registrarlas ante el Departamento de Control del Comercio de Armas.

Por ello, desde ya es posible prever que el Decreto será muy poco efectivo en temas de control de armas empeladas para la comisión de delitos, pues la disminución del uso y porte de armas, en estos casos, enfrenta una disposición normativa insuficiente. Entonces, para cumplir ese objetivo será necesaria la creación e implementación de políticas públicas que atiendan las causas específicas del incremento de la criminalidad después de la pandemia.

En miras a cumplir con el propósito del Decreto, se debería establecer un control y rastreo de las armas que ya están en circulación, así como un mecanismo que incentive a las personas a entregarlas o registrarlas. Además, será importante realizar un seguimiento de los lugares que comercializan armas traumáticas, con el fin de que implementen un registro de venta que permita hacer el rastreo correspondiente. Asimismo, es preciso el seguimiento riguroso de las peligrosas modificaciones de las armas traumáticas que son comunes en Colombia, en tanto que estas permiten que los proyectiles lanzados sean más mortales que las que se supone que deberían usarse.

Cabe resaltar que, cuando la población civil contempla el porte de armas como una opción válida es porque ha perdido la confianza en la institucionalidad y en la Fuerza Pública, por lo que será necesario, de manera paralela, reformar este cuerpo armado al tiempo que los y las ciudadanas no sientan la necesidad de armarse ante un cuerpo policiaco que no cumple con su cometido constitucional.

Del 26 al 31 de agosto, Limpal Colombia, como una organización feminista, pacifista y antimilitarista participó en la Quinta Conferencia de Estados Parte (CSP5) del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA). Esta conferencia se realiza en Ginebra con el objetivo de que los países miembros de la ONU debatan e interactúen sobre la implementación del Tratado, esencial para el control de armas convencionales en el mundo.

Limpal insistió en la necesidad de que Colombia ratifique el Tratado que firmó en septiembre del 2013, como un compromiso con la paz de la región y con la eliminación del sufrimiento mundial causado por las armas. Además, la exigencia va a que el gobierno haga un seguimiento efectivo del Tratado para que las armas que circulan en los territorios no sean usadas para violaciones de derechos humanos, especialmente contra las mujeres y las niñas. En el año 2018, 548 mujeres fueron asesinadas con proyectil de arma de fuego.

Junto a Colombia, representantes de Limpal (WILPF) de Burkina Faso, República Democrática del Congo, Sri Lanka y Yemen hicieron un llamado a todos los estados parte para que cumplan su obligación de poner a las personas por encima de las ganancias. Muchas de las armas que circulan legal e ilegalmente por el mundo han sido utilizadas para bombardear países como Yemen o Siria causando graves crisis humanitarias.

Colombia, sigue estando dentro de los 100 países importadores de armas en el mundo, según el SIPRI. Esto va en contravía con el proceso de postscuerdo que vive el país, donde los esfuerzos políticos y económicos deberían estar encaminados a la reconstrucción del tejido social, no a la compra de armas. 2017 fue el año con menos asesinatos debido a la dejación de armas por parte de las FARC y por eso nos preguntamos: ¿cuántas personas más podrían salvarse si Colombia adoptara el TCA y lo implementara?

El comercio desmesurado de armas pequeñas y ligeras en algunos territorios, deja sin capacidad de respuesta a los gobiernos y a la sociedad, constituyendo un riesgo para la vida e integridad de las mujeres y niñas, pues la facilidad con que se consiguen aumenta las posibilidades de ser amenazadas, intimidadas, desplazadas, torturadas, etc. Los impactos a la vida de las mujeres, no solo en el marco de las relaciones de pareja y ex pareja, sino también como forma de control social y de limitar el ejercicio pleno de sus derechos, ha destruido tejidos sociales y ha incrementado el sufrimiento de poblaciones enteras. En los años 2017 y 2018, 24 mujeres defensoras de derechos humanos y lideresas sociales fueron asesinadas por armas de fuego. Asesinatos y violencia que podrían haberse evitado con un control robusto y con un fortalecimiento del sistema de justicia.

Colombia firmó un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de Latinoamérica, ahora como apuesta decidida por la paz en la región, debe ratificar el TCA como puente para sacar a las miles de personas que viven a la sombra de las armas y para actuar frente a las catástrofes previsibles que genera el comercio y la transferencia de artefactos hechos para matar.

RETOS
La misión de Colombia no estuvo presente oficialmente en la conferencia en tanto no se ha ratificado el Tratado de Comercio de Armas, lo que hace que no se tengan herramientas para que Colombia provea información sobre el control de armas legales e ilegales. 
Existe una baja participación de los estados latinoaméricanos, de los 23 solo 13 han presentado informes sobre el TCA. Esto se debe, entre otras cosas, a que estos estados no tiene la capacidad para pagar sus obligaciones económicas a tiempo en virtud del Tratado. El representante de República Dominicana advirtió que si continuamos en esta dirección el ATT se convertirá en un club muy exclusivo.
Es necesario que las recomendaciones que salen de las Conferencias de Estados Parte (CSP5) sean canalizadas hacia políticas y programas a nivel local y nacional, para tener un impacto real.
WILPF llamo la atención sobre la falta de compromiso diplomático de varios países del mundo, exigiendo que se pongan las personas por encima de las ganancias.

LOGROS
Desde esta semana, el seguimiento al TCA tendrá como presidente a Argentina, una oportunidad para que el continente latinoaméricano y sus problemáticas estén más frecuentemente en la mesa de discusión.
Sigue siendo un reto posicionar al TCA como una herramienta que permite terminar con el sufrimiento de las víctimas y un paso hacia la paz regional y mundial.

 #TriunfamosPorqueNoCallamos

Tras 21 años de ocurridos los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión de la periodista Jineth Bedoya, quien sufrió actos de tortura y violencia sexual luego de ser secuestrada en la entrada de la cárcel La Modelo el 25 de mayo de 2000.  La Corte también declaró la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley, por la falta de debida diligencia en las investigaciones realizadas sobre los hechos y el carácter discriminatorio en razón de género de tales investigaciones.

El tribunal reconoció que para la época se vivía un contexto de violencia y, especialmente, de violencia sexual, en contra de las mujeres periodistas en el país. Afirmó también que la violencia sexual contra las mujeres era una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el marco del conflicto armado colombiano, y que ha sido empleada como un arma de guerra.

La Corte ordenó diferentes medidas de reparación entre las que se encuentra la continuación de las investigaciones necesarias para determinar, juzgar -y si hay lugar- sancionar a la totalidad de los responsables de los actos de amenazas y violencia en contra de Jineth. Así mismo, ordenó garantizar la difusión del programa de trans-media “No es hora de callar”, que se transmitirá por el sistema de medios públicos y crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo de investigación. Por último, la Corte IDH solicitó crear un fondo con destino a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia, así como para la adopción de medidas de protección en favor de las mujeres periodistas y para pagar la condena en pecuniaria por concepto de rehabilitación y daños materiales e inmateriales.

Esta sentencia permite avanzar en el reconocimiento de la violencia sexual como estrategia y arma de guerra en el marco del conflicto armado colombiano, que deja efectos diferenciados sobre las mujeres y las niñas, quienes son las principales víctimas de estos actos delictivos. Además, reafirma las obligaciones estatales en materia de protección y garantía de los derechos de las mujeres exigiéndole al Estado a actuar con la debida diligencia para el acceso de las mujeres al sistema de administración de justicia y para la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de este tipo de delitos. A través de este pronunciamiento, la Corte IDH reafirma el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a la vez que respalda la libertad de prensa y promueve acciones en favor de la memoria y la reparación de las víctimas.

Desde Limpal Colombia celebramos la decisión de la Corte y exigimos al gobierno nacional que cumpla con lo ordenado oportunamente, de manera que reconozca su responsabilidad y promueva la reparación de las víctimas. También, hacemos un llamado al Estado colombiano para que promueva y fortalezca acciones preventivas que eviten la repetición de actos similares de violencia en contra de mujeres periodistas y de otras mujeres que, en el marco del conflicto armado, se ven expuestas a riesgos diferenciados, entre los que se encuentra la violencia sexual.

19 de octubre de 2021
Limpal, Bogotá D.C., Colombia