Desde Limpal Colombia, como una organización feminista, pacifista y antimilitarista rechazamos este crimen de odio. Las niñas y mujeres no podemos seguir siendo víctimas de la violencia machista. ¡Exigimos que el Estado adopte medidas urgentes de protección!
Yolima Peréz, integrante de la Red departamental de Veedurías de Mujeres por una vida libre de violencia y de la organización Chocolate entre Amigas, fue asesinada por su pareja William Mora Quiroga el pasado 17 de abril en horas de la noche. Hasta el momento, el paradero del victimario es incierto.
Según la organización no gubernamental Observatorio Feminicidios Colombia, durante 2021 se conocieron 17 feminicidios en el departamento del Meta. Eso lo ubica en la posición número 10 de los departamentos con más casos. Con relación al delito de tentativa de feminicidio, el Meta aparece en primer lugar con 37 casos. Por su parte, en el 2020 hubo 1.456 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, un aumento significativo frente a los 1.166 de 2019, según la Secretaría de la Mujer del departamento.
Desde Limpal Colombia, exigimos a la institucionalidad responsable de cumplir la obligación internacional del Estado Colombiano frente a la garantía del derecho a la vida:
- Que este delito sea reconocido como un FEMINICIDIO, crimen de odio que devela la misoginia y la violencia machista.
- Celeridad, transparencia y debida diligencia en los procesos administrativos y judiciales. La inoperancia por parte del Estado es un problema estructural que pone en riesgo a niñas y mujeres en todo el país.
- Exigimos a todos los entes de control, un seguimiento especial y diferenciado en los casos de violencias contra las mujeres y feminicidios, que permita advertir y corregir, de manera oportuna, las posibles irregularidades dentro de los procesos adelantados.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que actúen con celeridad frente a este caso, y para que activen las medidas de prevención y protección necesarias para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
Yolima Pérez era una mujer comprometida con la paz y la reconciliación. Nuestro homenaje será seguir su legado, su apuesta por la resolución de conflictos lejos de la vía armada y violenta. Por ella y por todas las víctimas de feminicidio en Colombia, una vez más gritamos ¡Vivas nos queremos!
Acompáñanos encendiendo una vela en su nombre pero también exigiendo justicia con el numeral #NoMásFeminicidios.
#TriunfamosPorqueNoCallamos
Tras 21 años de ocurridos los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión de la periodista Jineth Bedoya, quien sufrió actos de tortura y violencia sexual luego de ser secuestrada en la entrada de la cárcel La Modelo el 25 de mayo de 2000. La Corte también declaró la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley, por la falta de debida diligencia en las investigaciones realizadas sobre los hechos y el carácter discriminatorio en razón de género de tales investigaciones.
El tribunal reconoció que para la época se vivía un contexto de violencia y, especialmente, de violencia sexual, en contra de las mujeres periodistas en el país. Afirmó también que la violencia sexual contra las mujeres era una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el marco del conflicto armado colombiano, y que ha sido empleada como un arma de guerra.
La Corte ordenó diferentes medidas de reparación entre las que se encuentra la continuación de las investigaciones necesarias para determinar, juzgar -y si hay lugar- sancionar a la totalidad de los responsables de los actos de amenazas y violencia en contra de Jineth. Así mismo, ordenó garantizar la difusión del programa de trans-media “No es hora de callar”, que se transmitirá por el sistema de medios públicos y crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo de investigación. Por último, la Corte IDH solicitó crear un fondo con destino a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia, así como para la adopción de medidas de protección en favor de las mujeres periodistas y para pagar la condena en pecuniaria por concepto de rehabilitación y daños materiales e inmateriales.
Esta sentencia permite avanzar en el reconocimiento de la violencia sexual como estrategia y arma de guerra en el marco del conflicto armado colombiano, que deja efectos diferenciados sobre las mujeres y las niñas, quienes son las principales víctimas de estos actos delictivos. Además, reafirma las obligaciones estatales en materia de protección y garantía de los derechos de las mujeres exigiéndole al Estado a actuar con la debida diligencia para el acceso de las mujeres al sistema de administración de justicia y para la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de este tipo de delitos. A través de este pronunciamiento, la Corte IDH reafirma el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a la vez que respalda la libertad de prensa y promueve acciones en favor de la memoria y la reparación de las víctimas.
Desde Limpal Colombia celebramos la decisión de la Corte y exigimos al gobierno nacional que cumpla con lo ordenado oportunamente, de manera que reconozca su responsabilidad y promueva la reparación de las víctimas. También, hacemos un llamado al Estado colombiano para que promueva y fortalezca acciones preventivas que eviten la repetición de actos similares de violencia en contra de mujeres periodistas y de otras mujeres que, en el marco del conflicto armado, se ven expuestas a riesgos diferenciados, entre los que se encuentra la violencia sexual.
19 de octubre de 2021
Limpal, Bogotá D.C., Colombia
Retos y oportunidades de mujeres colombianas en la implementación del acuerdo de paz
Evento paralelo al Foro 66 de la ONG CSW
Estamos en el Sexagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que en este año considera como tema prioritario “El logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de las políticas y programas relativos al cambio climático, el medio ambiente y la reducción del riesgo de desastres”.
Con estás sesiones se pretende abrir el debate en torno a los logros en temas coyunturales que afectan, de manera directa e indirecta, el papel de la mujer en el mundo, así como los avances y las brechas en la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el principal documento de política mundial sobre igualdad de género.
En este marco, Limpal Colombia organiza un evento paralelo denominado “Retos y oportunidades de mujeres colombianas en la implementación del acuerdo de paz: una reflexión desde sus agendas feministas de paz, crisis climática y medio ambiente” que tiene como objetivo poner de relieve las apuestas que las mujeres vienen desarrollando y posicionando a nivel local y nacional como parte de sus ejercicios de incidencia, en relación con la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, una de las herramientas más potentes con las que cuenta actualmente el país.
Este será un espacio de diálogo e intercambio de reflexiones, propuestas y prácticas transformadoras desde un enfoque feminista e interseccional, que permitirá identificar los vínculos que existen entre las agendas de paz y agendas ecológicas de las mujeres, visibilizando y reconociendo su ejercicio de defensa de derechos, así como de promoción de modelos de desarrollo basados en el cuidado de la vida, el cuidado los cuerpos de las mujeres y de los territorios.
El conversatorio tendrá lugar este 15 de marzo de 2022 de manera virtual, a de 6:00 PM hora Colombia. Para vincularte y seguir la conversación completa te invitamos a conectarte vía zoom por medio de: https://us02web.zoom.us/j/81815257817
#MujeresQueIncidenEnLaPaz
Declaración: Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme de 2021
A principios de la década de 1980, un grupo de mujeres feministas y pacifistas de toda Europa se unió para manifestarse contra la carrera armamentística y el uso de armas nucleares. Juntas decidieron celebrar el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme el 24 de mayo.
La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF, LIMPAL) desea aprovechar esta fecha para rendir homenaje a su legado y al de todas las mujeres que lideran el antimilitarismo.
Como feministas y activistas por la paz en diversos países del mundo, seguimos exigiendo que los gobiernos adopten medidas inmediatas para acabar con la amenaza y el impacto que las armas suponen a diario para toda la sociedad.
Nadie es inmune a los efectos de la violencia armada
Las armas causan más de 500 muertes y 2000 heridos de bala al día. Se calcula que al menos dos millones de personas conviven con heridas causadas por armas de fuego. Además, resulta imposible saber cuántas padecen sus efectos psicológicos a largo plazo.
Las armas convencionales y su munición no solo matan: ponen en riesgo las vidas y los hogares, erosionan la cohesión de las comunidades y perpetúan la codicia, la corrupción, la pobreza y la inseguridad. Cada vez con más frecuencia, grupos de extrema derecha recurren a las armas para defender su punto de vista racista y antifeminista. El resultado es un mundo menos seguro, menos pacífico y menos justo.
Aunque los hombres son las principales víctimas directas de este tipo de violencia, el uso y la presencia de armas afecta a las mujeres y a otros grupos marginados de manera diferencial y desproporcionada.
Las armas aumentan significativamente el riesgo de sufrir violencia sexual o de que las mujeres sean asesinadas por sus parejas. Es habitual que se utilicen para coaccionarlas e impedirles que accedan a la seguridad, la educación, la asistencia sanitaria y las oportunidades económicas.
Las armas explosivas, tanto si se utilizan en zonas pobladas como si se abandonan tras el conflicto, pueden afectar de manera especial a las mujeres. Por ejemplo, pueden dañar o destruir sus hogares o las comunidades y las infraestructuras de las que dependen para progresar y sobrevivir. Al tener que desplazarse, se ven expuestas a un mayor riesgo de violencia sexual. Los explosivos también son responsables del 72 % de las muertes y lesiones infantiles en las zonas en guerra. Esto se debe, en parte, a que los niños suelen confundir los artefactos sin explotar con juguetes y sufren las consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo.
Los marginados por el patriarcado, la supremacía blanca, el colonialismo y el capitalismo, las personas con discapacidad, los refugiados, los migrantes y los solicitantes de asilo y el colectivo LGBTQ+ también se ven afectados de forma desproporcionada por la violencia armada en todo el mundo.
Las armas nos afectan a todas y en cualquier lugar. En nuestros hogares, nuestras comunidades y nuestras escuelas. Ponen en peligro la paz, debilitan la sociedad y roban recursos valiosos donde más se necesitan.
Los gobiernos priorizan la violencia armada en detrimento de la seguridad humana
Sin embargo, a pesar del amplio y devastador efecto de las armas, los gobiernos y las empresas siguen propugnando el comercio de armas a expensas de las vidas humanas y la seguridad.
Los Estados y las empresas actúan como cómplices y perpetúan los conceptos patriarcales de poder, con sus intereses y normas de género que equiparan la masculinidad con la fuerza y la violencia. Escudándose en la idea equivocada de que la paz se consigue protegiéndonos con armas, invierten casi tres billones de dólares anuales en su desarrollo y, aproximadamente, 200 000 millones en el comercio mundial de armas. No podemos evitar pensar en todo lo que se podría lograr si ese dinero se destinara a escuelas, a servicios de salud y sanidad, a recursos para las comunidades e las infraestructuras públicas.
Los gobiernos, aunque se declaren "feministas", tampoco abordan cómo afecta la disponibilidad generalizada de las armas a las mujeres y otros grupos marginados. Algunos directamente ignoran las violaciones de los derechos humanos, cada vez más frecuentes y facilitadas por el constante flujo de armas. Otros agravan el problema con grandes recortes a la ayuda internacional, a pesar de sus terribles consecuencias para las mujeres y los grupos marginados.
Otro problema sería que las cuestiones sobre violencia armada y desarme no cuentan con la representación adecuada en los Planes de Acción Nacionales (PAN) sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Es habitual que la sociedad civil quede al margen de los procesos de consulta y aplicación al respecto.
Las carencias de los gobiernos a la hora de abordar los profundos efectos de las armas son tan numerosas como las vidas que las armas de fuego truncan cada día.
WILPF reclama medidas inmediatas
Los gobiernos deben actuar con urgencia para abordar las terribles consecuencias de las armas en las vidas y la seguridad humanas, y trabajar para lograr un futuro de paz, igualdad y justicia para todos.
Desde WILPF y nuestra comunidad internacional de feministas, activistas y pacifistas exigimos a los gobiernos que:
- Trabajen para acabar con la producción y la transferencia de armas y cesen inmediatamente las transferencias de armas que no cumplan con la legislación internacional, regional y nacional. En particular, dentro de sus compromisos para eliminar la violencia de género, los gobiernos deben impedir la venta de armas a países con altos índices de este tipo de violencia.
- Adopten nuevas medidas para controlar el flujo y la disponibilidad de las armas dentro de sus países. Esto pasa también por evitar el desvío de armas y desmilitarizar, desarmar y desfinanciar las fuerzas policiales.
- Asignen el dinero destinado al comercio de armas y a la militarización a infraestructuras comunitarias como sistemas sanitarios, recursos comunitarios, escuelas, empleos verdes y estrategias de mitigación del cambio climático.
- Pongan en marcha campañas nacionales en las escuelas y en las comunidades que cuestionen las normas de género que equiparan la "hombría" o la masculinidad con la posesión de armas, la dominación, la agresividad y la disposición a utilizar la fuerza y la violencia. Entre otras cosas, deberían prohibir la publicidad que explota y genera ideas nocivas sobre la masculinidad para vender armas.
- Colaboren con grupos de la sociedad civil para lanzar campañas que instruyan sobre el impacto de las armas en las vidas humanas en todos los niveles de la sociedad, sin olvidar las consecuencias del comercio mundial de armas en las comunidades y las poblaciones locales.
- Garanticen que las organizaciones de la sociedad civil y los activistas intervengan en los procesos destinados a mejorar la seguridad humana y que todas las perspectivas y voces locales estén representadas.
Únete a nosotras y solicita a los gobiernos que prioricen las vidas, no las armas. Comparte este mensaje y tu opinión con tus amigos y familiares y en las redes sociales con el hashtag: #IWDPD.
Exigimos verdad y justicia
La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL Colombia, junto con otras organizaciones acompañantes, activistas, movimientos de mujeres y la comunidad de la ciudad de Cartagena seguimos exigiendo verdad, esclarecimiento y celeridad en el proceso de investigación sobre el caso de Alexandrith Sarmiento Arroyo de 16 años de edad, quien fue desaparecida desde el pasado viernes 19 de marzo de 2021 del corregimiento de Punta Canoa, ubicado en la zona norte de la ciudad de Cartagena, Bolívar.
Luego de doce (12) meses de búsqueda incesante por parte de sus familiares y amistades, las autoridades siguen sin dar respuesta sobre el avance del proceso. Sobre esto, es muy poco lo que se sabe: Alexandrith fue desaparecida luego de que saliera de su casa rumbo a Punta Canoa, acompañada de un tío político que le enseñaría a manejar moto.
Dentro del proceso de investigación, el 16 de junio Wainer Ayola Torres, tío de la menor, fue capturado en Bayunca como principal sospechoso del presunto delito de desaparición forzada; el 02 de julio fue dejado en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, el 18 de septiembre el juez Quinto Penal del Circuito de Cartagena revocó la decisión y ordenó su captura.
El caso de Alexandrith no es un caso aislado. En la ciudad se ha vuelto frecuente y común que los cuerpos de las mujeres y niñas negras atraviesen múltiples formas de violencias, perpetuadas y normalizadas y sin respuesta alguna por parte de las autoridades competentes. Por lo tanto, exigimos respuestas y acciones claras, oportunas y preventivas de las instituciones encargadas de la seguridad y protección de las niñas en Cartagena.
Hacemos un llamado enfático a las autoridades departamentales y nacionales para que se realice la investigación pertinente, instamos a la ciudadanía crear una red de apoyo para sumarse a la búsqueda y demandamos el cumplimiento del decreto reglamentario 929 de 2007 para que se articulen las entidades alrededor de este propósito.
Hacemos un llamamos a las demás organizaciones de mujeres y de derechos humanos presentes en Bolívar para impulsar y exigir a las instituciones nacionales y departamentales la respuesta integral y comprometida para la erradicación de todas las formas de violencia contra las niñas, jóvenes y adultas. Nos negamos a que la normalidad de nuestros días sean desapariciones y feminicidios en incremento. Nos sumamos a construir acciones efectivas para combatir este flagelo y garantizar una vida digna para todas.
¡NI UNA MÁS, NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS!
Si usted ha visto a Alexandrith Sarmiento Arroyo o conoce su paradero se puede comunicar a los números
3157280899 y 3023886617, así como a la Fiscalía línea 122.
Seguimos en espera del regreso de Alexandrith Sarmiento Arroyo sana y salva a su casa.
08 de marzo de 2022
Limpal, Bogotá D.C., Colombia
Limpal Colombia rechaza la violencia como respuesta a la protesta social y nos unimos al dolor por las vidas perdidas
Desde el 28 de abril de 2021 inició el Paro Nacional en Colombia, como respuesta a la nueva reforma tributaria llamada por el gobierno de Iván Duque: “Ley de Solidaridad Sostenible”. Esta iniciativa neoliberal, presentada por el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, recibió serias críticas de empresarios, indígenas, campesinos, de parlamentarios, feministas y sectores populares por las afectaciones económicas y sociales que tendría en la población, principalmente en los más vulnerables en medio de la debilitada economía colombiana por la pandemia. En Colombia, el 50 % de la población está en la pobreza y la pobreza extrema.
Después de cinco días de movilizaciones, que estuvieron marcadas por el abuso de la fuerza policial, el presidente Iván Duque anunció el retiro de la reforma tributaria del Congreso de la República, donde sería debatida por los congresistas de los distintos partidos políticos. Sin embargo, hasta la fecha el proyecto económico sigue en manos del legislativo hasta que sea éste quien dé el retiro definitivo. Las movilizaciones lograron además la salida del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y su viceministro Juan Alberto Londoño. Pero Carrasquilla resultó transferido al Banco Interamericano de Desarrollo como presidente de las Asambleas. Un mensaje que refuerza no sólo la violencia política que se vive en las calles sino simbólica en cuanto desconoce el descontento sobre medidas económicas neoliberales e impopulares, que hasta el momento han llevado a la muerte y desaparición de decenas de personas y cientos de heridos.
En el marco de las movilizaciones, que ya completan diez días, y según los reportes de la ONG Temblores (entre las 6am del 28 de abril al las 10 am del 7 de mayo), se han presentado 1.773 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública, 11 de violencia sexual, 936 detenciones arbitrarias y 37 víctimas de violencia homicida en los que el presunto agresor son miembros de la Fuerza Pública, entre otros hechos lamentables. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada ha denunciado además que existen 379 personas desaparecidas, desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo. Estas cifras contrastan con el seguimiento que hacen instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo, que durante seis días estuvo ausente en la garantía de los derechos humanos en medio de las protestas. Carlos Camargo, el defensor a cargo de la entidad, estuvo fuera de la ciudad al parecer en su finca de descanso mientras ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Manizales eran militarizadas.
A pesar de estas cifras, el gobierno de Iván Duque ante la comunidad internacional ha intentado mostrar como mínima la vulneración de derechos humanos, poniendo el foco en la inestabilidad social y política del pueblo venezolano y en actos de vandalismo durante las protestas; asimismo ha desmentido los videos grabados por ciudadanas y ciudadanos, que evidencian el abuso de la fuerza, la militarización de los territorios y las no garantías a la movilización pacífica.
La represión y la censura no solo se han visto en las calles. En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, donde los primeros días fue más fuerte el accionar de la fuerza pública, se han hecho denuncias de cortes de luz y de bloqueo de la señal de Internet que ha imposibilitado el envío de denuncias audiovisuales y el contacto con organizaciones de derechos humanos. Entidades civiles, como la Fundación Karisma, han denunciado que desde el 2020, “policía estaría intentando adquirir software para monitorear contenidos y actividad en redes sociales. Existen registros de exclusión indebida de contenidos sobre las protestas en redes sociales y de imposibilidad de hacer transmisiones en vivo”.
Cabe resaltar que aunque la reforma tributaria fue el punto de quiebre para las movilizaciones, la indignación en las calles, expresada en su mayoría de forma pacífica, responde a la agudización de la violencia en los territorios: más de 900 líderes y 272 firmantes de la paz asesinados desde la firma del acuerdo de paz; 630 feminicidios en 2020 y más de 158 en lo corrido del 2021; 32 mujeres trans asesinadas en 2020, y 32 masacres en 2021. Han sido reiterados los llamados de organizaciones nacionales, comunidades indígenas, campesinas, feministas y de exguerrilleros, para poner fin a la militarización en los territorios y para abogar por la atención integral para sus poblaciones, que les permita vivir en dignidad.
Entre las peticiones de las diversas identidades, principalmente indígenas, campesinas y afro que habitan las regiones rurales, se encuentra además la detención de las aspersiones con glifosato como mecanismo en la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Esta medida es una clara violación al acuerdo de paz firmado en 2016, donde el Estado colombiano firmó el compromiso de apostarle al desarrollo del campo colombiano y a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Asimismo, existen peticiones como el cumplimiento de los demás puntos acuerdo de paz, el desmonte del paramilitarismo y la reforma estructural a las Fuerzas Militares, en términos de disminución de presupuesto, reemplazar las armas letales, limitar su accionar y prohibir el uso desmedido de la fuerza.
También se ha hecho un llamado a los medios de comunicación tradicionales, que han hecho un cubrimiento deficiente del Paro Nacional, ocultando las dinámicas de las protestas y estigmatizando la movilización pacífica poniendo el foco en los actos vandálicos. Preocupa que esta sea una estrategia, que responda a la presión del gobierno nacional, para limpiar su imagen y la de la Fuerza Pública.
Las violaciones a los derechos humanos en los últimos días han estado además amparadas en la prevención del Covid-19 y el cuidado de la salud pública, con medidas que ya se venían implementando como la militarización de las ciudades y toques de queda, que fueron aprovechadas para que la Policía, el Escuadrón Antidisturbios y el Ejército utilizaran fuerza desmedida contra los manifestantes, les disparan por la espalda a personas desarmadas e incluso hicieran allanamientos y detenciones arbitrarias, que han sido declaradas ilegales, contra los supuestos responsables de los actos vandálicos. Todo esto mientras el resto de colombianos y colombianas se encuentran en sus casas como medida de protección ante el virus.
En estos momentos desconocemos como sociedad civil a cargo de quién está el manejo del orden público en las ciudades. El 2 de mayo, el presidente Iván Duque autorizó la asistencia militar, que permite que alcaldes y gobernadores, soliciten refuerzos del Ejército para que atiendan los casos graves de desmanes. Sin embargo, en las manifestaciones de los dos últimos años, algunos mandatarios han denunciado un quiebre entre las órdenes que siguen la Policía y el Ejército, que por orden de mando responden directamente al presidente Duque.
Uno de los cientos de casos que nos alarma en esta coyuntura es la violación del Derecho Internacional Humanitario, que se ha podido ver reflejado en el aterrizaje de helicópteros de la Fuerza Pública, en espacial la Policía, dentro de colegios de Bogotá. Al respecto, los misioneros claretianos, que tienen a cargo el Colegio Claretiano de la localidad de Bosa, denunció que el ingreso en su institución se hizo de forma arbitraría, sin su conocimiento e incluso con amedrentamientos contra el guardia de seguridad.
Como LIMPAL Colombia hacemos un llamado a todas las mujeres del mundo para que desde sus distintas secciones hagan un llamado al gobierno nacional al cese de la represión y las hostilidades contra los manifestantes, con el fin de convocar a un diálogo amplio para atender la crisis económica, política y social que estamos afrontando como país. Asimismo, les solicitamos aunar esfuerzos para realizar veeduría nacional e internacional a la situación de derechos humanos en Colombia.
Como movimiento feminista, antimilitarista y feminista, llamamos a la solidaridad de los pueblos y al apoyo de la comunidad internacional para que cesen estas horribles noches de violencia y miedo, que nos han arrebatado vidas de jóvenes que soñaron con una Colombia en paz, donde las vidas importen y sea posible vivir en dignidad.
La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. – Limpal Colombia conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora
Después de más de 100 años las condiciones laborales, si bien han tenido un cambio en la búsqueda de la justica laboral gracias a la lucha incansable de las mujeres que nos antecedieron, aún no se garantizan, de manera plena, los derechos que como cuiudadanas demandamos. Solo en Colombia, según el último boletín del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (octubre-diciembre 2021), la tasa de desempleo en hombres, a nivel nacional, es del 8,4 % y de las mujeres es del 15,1%. Ello equivale a que haya una brecha de género del 6,7 %.
Para situarnos, y de manera rápida hacer un contexto en algunas ciudades del país, encontramos que en Villavicencio la brecha de desempleo entre hombres y mujeres es del 4,6 % , lo que quiere decir que la tasa de desempleo de mujeres es del 17,3 %. Por su parte, en la ciudad de Cartagena la brecha de desempleo entre hombres y mujeres es del 5,4 %, lo que quiere decir que la tasa de desempleo de mujeres es del 12,4 %. Finalmente, en la ciudad de Bogotá la tasa de desempleo de las mujeres es del 12 % y la de hombres es del 10,7 %, esto significa que la brecha de género es del 1,3 % (Datos del DANE, 2021).
A esta situación, se suma la precarización del trabajo del cuidado que, además de invisibilizar el trabajo de las mujeres, ha resultado en la explotación laboral de mujeres de todos los ciclos vitales, ocasionando, en la mayoría de los casos, la triple carga laboral que incluye sin reconocimiento, el trabajo del cuidado, que sostiene la reproducción de la vida y es vital para la economía de los países.
Estas realidades, además de duplicarnos la jornada laboral, nos ha privado del goce efectivo de nuestros derechos; a) no tenemos el mismo derecho a ocupar el espacio público, b) nuestros círculos de apoyo, recreación y formación individual y colectiva se ven reducidos, d) nuestra participación política se ve relegada a los temas en donde el cuidado es el eje (nuestra participación se da de una manera pasiva y no como tomadoras de decisiones) y e) la violencia dentro de los hogares se materializa producto de la dependencia económica y las relaciones inequitativas del poder.
Como feministas, pacifistas y antimilitaristas, reivindicamos este #8M Día Internacional de la Mujer Trabajadora y recordamos el papel de las mujeres como sujetas políticas y trabajadoras, fundamentales parael engranaje económico del país.
Exigimos una conciliación familiar de reparto de las tareas domésticas en el entorno familiar y la eliminación de las brechas salariales con base en el sexo, en donde como consecuencia del tiempo dedicado al trabajo reproductivo por parte de las mujeres, contamos con menos tiempo para la vida laboral. Las mujeres no existimos para parir, y quienes decidimos, de manera libre y autónoma hacerlo, nos resistimos a ser sometidas a tratos inequitativos e injustos que nos llevan a decidir entre ejercer nuestra maternidad o seguir vinculadas a nuestra vida laboral.
Finalmente, recordamos que dentro de nuestro ejercicio pleno como ciudadanas se encuentra nuestro derecho constitucional a la movilización y la protesta social pacífica, por lo que instamos a la Fuerza Pública y al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, que hoy 8 de marzo de 2022, se nos garantice de manera plena y acorde a los protocolos, nacionales e internacionales, nuestro derecho, a exigir en las calles, garantías laborales para todas las mujeres del país.
Las mujeres trabajadoras avanzamos por la paz desde nuestro papel de lideresas, defensoras de derechos humanos y cuidadoras de la vida , reivindicamos nuestro derecho al trabajo en condiciones de dignidad.
8 de marzo de 2022
Limpal, Bogotá D.C., Colombia
La Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar rechaza enérgicamente los casos de violencia contra las mujeres, las niñas y las jóvenes.
La Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar rechaza enérgicamente los casos de violencia contra las mujeres, las niñas y las jóvenes que se vienen presentando de manera sistemática en el departamento por parte de parejas, exparejas, familiares y sujetos aún no identificados. Estas violencias dan cuentan de la situación de riesgo que las mujeres enfrentamos por el hecho de ser mujeres, como resultado de un sistema criminal llamado patriarcado, que amenaza y acaba con nuestras vidas, como hemos denunciado en anteriores comunicados.
Han sido múltiples los casos de violencias contra mujeres ocurridos en el departamento en estos primeros meses del año, siendo la mayoría de las víctimas niñas o adolescentes. Yoerledis del Carmén Escandón Pacheco, de 16 años, fue asesinada por su pareja en el municipio de Mahantes. Otra mujer, también víctima de feminicidio, fue encontrada con señales de tortura y empalamiento en el corregimiento de Sincerín, Arjona. Dos niñas de seis y nueve años venían siendo víctimas de violencia sexual por parte de su padre en Magangue y una menor de 14 años fue violada por un vecino en el municipio de Santa Catalina.
Todos y cada uno de estos crímenes nos horrorizan y dan cuenta de la falta de sanciones efectivas para los responsables, así como de acciones contundentes de prevención y no repetición que permitan que paremos de contar mujeres víctimas de violencia en el departamento. Como Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, exigimos a las autoridades locales que activen de manera urgente la Ruta de Atención a Víctimas de Violencias Basadas en Género brindando atención en salud integral acorde con los protocolos, así como acceso a la justicia para las mujeres víctimas y al Gobierno Nacional que requiera a la Fiscalía General de la Nación para avanzar efectivamente en las investigaciones y sanciones, respondiendo a la obligatoriedad de atender a las mujeres bajo los parámetros de la Ley 1257 del 2008 y la Ley 1761 del 2015, en donde se tipifican estos actos de violencia.
Además, como organizaciones y colectivas feministas insistimos en la necesidad de activar un Plan de Prevención de Violencias de Género en el departamento. Plan que fue promovido por la Red de Empoderamiento de Mujeres y acordado en Consejo de Seguridad con la Gobernación de Bolívar en el año 2019, pero que lamentablemente no ha sido atendido ni implementado dando como resultado que las mujeres sigan siendo violentadas y asesinadas en un entorno donde reina la impunidad. Finalmente, hacemos eco de la reciente solicitud de la CIDH que obliga a Colombia a adoptar medidas para preservar la vida y la integridad de las mujeres víctimas.
No olvidamos tampoco las violencias cometidas contra las mujeres lideresas de derechos humanos, como es el caso de las amenazas contra la lideresa Ingrid Vergara Chavez, ni las recientes amenazas contra 21 profesoras (es) de El Salado. Consideramos que la falta de investigación y sanción frente a estos delitos vulnera nuestros derechos y fortalece el sistema patriarcal que se atribuye la propiedad de nuestros cuerpos y vidas. Las mujeres nos seguiremos cuidando entre nosotras, pero exigimos al Estado su responsabilidad con su obligación de cuidado y protección para garantizarnos el ejercicio pleno de nuestros derecho.
*Comunicado conjunto de la Mesa del Movimiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar
Durante las protestas sociales realizadas en el marco del paro nacional del presente año -especialmente en el enfrentamiento ocurrido entre población civil e indígenas del CRIC en la ciudad de Cali-, se pudo evidenciar que muchos ciudadanos poseen armas de fuego, armas traumáticas o de fogueo, siendo estas últimas empleadas no sólo contra la Fuerza Pública, sino contra otros ciudadanos y ciudadanas que ejercían su derecho a la protesta. De allí la necesidad de regular y llevar registro sobre las personas que poseen un arma traumática, entendidas como armas que disparan proyectiles de goma y otros compuestos.
Al respecto, durante el Primer Encuentro de Seguridad, Justicia y Convivencia en Montería, se anunció por parte del Ministerio de Defensa el Decreto sobre el control y regulación de las armas de letalidad reducida o traumáticas en Colombia. Al adoptar un procedimiento especial que otorgue un salvoconducto en casos excepcionales para el porte de este tipo de armas será posible llevar un registro de su comercialización y uso. Sin embargo, este seguimiento se plantea como un escenario futuro que busca, según el ministro de Defensa Diego Molano, “salvaguardar la integridad de la Fuerza Pública”.
Regularizar el porte de armas de letalidad reducida no significa, per se, una disminución en la criminalidad, pues las armas usadas por los criminales son, claramente, obtenidas de manera ilegal y es muy poco probable que quienes las portan se acojan al período de transición para entregarlas o registrarlas ante el Departamento de Control del Comercio de Armas.
Por ello, desde ya es posible prever que el Decreto será muy poco efectivo en temas de control de armas empeladas para la comisión de delitos, pues la disminución del uso y porte de armas, en estos casos, enfrenta una disposición normativa insuficiente. Entonces, para cumplir ese objetivo será necesaria la creación e implementación de políticas públicas que atiendan las causas específicas del incremento de la criminalidad después de la pandemia.
En miras a cumplir con el propósito del Decreto, se debería establecer un control y rastreo de las armas que ya están en circulación, así como un mecanismo que incentive a las personas a entregarlas o registrarlas. Además, será importante realizar un seguimiento de los lugares que comercializan armas traumáticas, con el fin de que implementen un registro de venta que permita hacer el rastreo correspondiente. Asimismo, es preciso el seguimiento riguroso de las peligrosas modificaciones de las armas traumáticas que son comunes en Colombia, en tanto que estas permiten que los proyectiles lanzados sean más mortales que las que se supone que deberían usarse.
Cabe resaltar que, cuando la población civil contempla el porte de armas como una opción válida es porque ha perdido la confianza en la institucionalidad y en la Fuerza Pública, por lo que será necesario, de manera paralela, reformar este cuerpo armado al tiempo que los y las ciudadanas no sientan la necesidad de armarse ante un cuerpo policiaco que no cumple con su cometido constitucional.
Ayer, 5 de noviembre, durante el debate de moción de censura contra el Ministro de la Defensa, Guillermo Botero,el senador Roy Barreras denunció el asesinato de siete niños, niñas y adolescentes por parte del Ejército Nacional.
Estos menores habrían sido asesinados el 31 de agosto de este año en una operación militar realizada en zona rural de San Vicente del Caguán, haciéndolos pasar por disidentes de las FARC. Además, se presentaron pruebas adicionales del caso del excombatiente Dimar Torres y el joven Flower Trompeta, también asesinados por el Ejército.
La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal Colombia), como una organización feminista, pacifista y antimilitarista, rechaza estos crímenes de estado y de lesa humanidad que recuerdan las ejecuciones extrajudiciales cometidas en años atrás y que siguen sucediendo en los territorios. Estos hechos son el reflejo de un sistema que propende por la militarización y deshumaniza la vida de las personas, mientras reproduce la idea de un enemigo interno que convierte a cualquiera que esté en desacuerdo en enemigo.
Es por esto que, como ciudadanas organizadas, exigimos la renuncia inmediata del ministro Botero. No podemos permitir que quienes tienen el deber de protegernos, asesinen a ciudadanos y ciudadanas, especialmente si son niños y niñas, que son reconocidos como sujetos de especial protección por el derecho internacional humanitario.
Sin embargo, no basta con la renuncia del ministro Botero. Las comunidades en Colombia están en riesgo, las personas que ejercen liderazgo y defensa de derechos humanos y excombatientes están siendo asesinadas y el Estado colombiano no está garantizando sus derechos. Hoy más que nunca exigimos la implementación del Acuerdo Final como la única garantía para una paz estable y duradera.
Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la cooperación internacional para que alcemos la voz y exijamos la renuncia del ministro Botero. Pero, para que además, salgamos a la calle este 21 de noviembre a insistir por la necesidad de tener un gobierno que esté a la altura del momento de posconflicto que vive el país. Las mujeres feministas de Colombia acompañamos la frase de la senadora Victoria Sandino durante su intervención de ayer: “Ministro Botero, queremos decirle que a su guerra, nosotras no le caminamos más”.
#SinOlvido
Estos son los nombres de las niñas, niños y adolescentes asesinados por el Ejército:
Ángela Gaitán, 12 Jhon Pinzón, 17
Sandra Vargas, 16 Wilmer Castro, 17
Diana Medina, 16 Abimiller Morales, 17
José Rojas, 15