Por una vida en dignidad: más vida, menos armas

Limpal Colombia rechaza la violencia como respuesta a la protesta social y nos unimos al dolor por las vidas perdidas

Desde el 28 de abril de 2021 inició el Paro Nacional en Colombia, como respuesta a la nueva reforma tributaria llamada por el gobierno de Iván Duque: “Ley de Solidaridad Sostenible”. Esta iniciativa neoliberal, presentada por el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, recibió serias críticas de empresarios, indígenas, campesinos, de parlamentarios, feministas y sectores populares por las afectaciones económicas y sociales que tendría en la población, principalmente en los más vulnerables en medio de la debilitada economía colombiana por la pandemia. En Colombia, el 50 % de la población está en la pobreza y la pobreza extrema.

Después de cinco días de movilizaciones, que estuvieron marcadas por el abuso de la fuerza policial, el presidente Iván Duque anunció el retiro de la reforma tributaria del Congreso de la República, donde sería debatida por los congresistas de los distintos partidos políticos. Sin embargo, hasta la fecha el proyecto económico sigue en manos del legislativo hasta que sea éste quien dé el retiro definitivo. Las movilizaciones lograron además la salida del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y su viceministro Juan Alberto Londoño. Pero Carrasquilla resultó transferido al Banco Interamericano de Desarrollo como presidente de las Asambleas. Un mensaje que refuerza no sólo la violencia política que se vive en las calles sino simbólica en cuanto desconoce el descontento sobre medidas económicas neoliberales e impopulares, que hasta el momento han llevado a la muerte y desaparición de decenas de personas y cientos de heridos.

En el marco de las movilizaciones, que ya completan diez días, y según los reportes de la ONG Temblores (entre las 6am del 28 de abril al las 10 am del 7 de mayo), se han presentado 1.773 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública, 11 de violencia sexual, 936 detenciones arbitrarias y 37 víctimas de violencia homicida en los que el presunto agresor son miembros de la Fuerza Pública, entre otros hechos lamentables. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada ha denunciado además que existen 379 personas desaparecidas, desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo. Estas cifras contrastan con el seguimiento que hacen instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo, que durante seis días estuvo ausente en la garantía de los derechos humanos en medio de las protestas. Carlos Camargo, el defensor a cargo de la entidad, estuvo fuera de la ciudad al parecer en su finca de descanso mientras ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Manizales eran militarizadas.

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A pesar de estas cifras, el gobierno de Iván Duque ante la comunidad internacional ha intentado mostrar como mínima la vulneración de derechos humanos, poniendo el foco en la inestabilidad social y política del pueblo venezolano y en actos de vandalismo durante las protestas; asimismo ha desmentido los videos grabados por ciudadanas y ciudadanos, que evidencian el abuso de la fuerza, la militarización de los territorios y las no garantías a la movilización pacífica.

La represión y la censura no solo se han visto en las calles. En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, donde los primeros días fue más fuerte el accionar de la fuerza pública, se han hecho denuncias de cortes de luz y de bloqueo de la señal de Internet que ha imposibilitado el envío de denuncias audiovisuales y el contacto con organizaciones de derechos humanos. Entidades civiles, como la Fundación Karisma, han denunciado que desde el 2020, “policía estaría intentando adquirir software para monitorear contenidos y actividad en redes sociales. Existen registros de exclusión indebida de contenidos sobre las protestas en redes sociales y de imposibilidad de hacer transmisiones en vivo”.

Cabe resaltar que aunque la reforma tributaria fue el punto de quiebre para las movilizaciones, la indignación en las calles, expresada en su mayoría de forma pacífica, responde a la agudización de la violencia en los territorios: más de 900 líderes y 272 firmantes de la paz asesinados desde la firma del acuerdo de paz; 630 feminicidios en 2020 y más de 158 en lo corrido del 2021; 32 mujeres trans asesinadas en 2020, y 32 masacres en 2021. Han sido reiterados los llamados de organizaciones nacionales, comunidades indígenas, campesinas, feministas y de exguerrilleros, para poner fin a la militarización en los territorios y para abogar por la atención integral para sus poblaciones, que les permita vivir en dignidad.

Entre las peticiones de las diversas identidades, principalmente indígenas, campesinas y afro que habitan las regiones rurales, se encuentra además la detención de las aspersiones con glifosato como mecanismo en la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Esta medida es una clara violación al acuerdo de paz firmado en 2016, donde el Estado colombiano firmó el compromiso de apostarle al desarrollo del campo colombiano y a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Asimismo, existen peticiones como el cumplimiento de los demás puntos acuerdo de paz, el desmonte del paramilitarismo y la reforma estructural a las Fuerzas Militares, en términos de disminución de presupuesto, reemplazar las armas letales, limitar su accionar y prohibir el uso desmedido de la fuerza.

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También se ha hecho un llamado a los medios de comunicación tradicionales, que han hecho un cubrimiento deficiente del Paro Nacional, ocultando las dinámicas de las protestas y estigmatizando la movilización pacífica poniendo el foco en los actos vandálicos. Preocupa que esta sea una estrategia, que responda a la presión del gobierno nacional, para limpiar su imagen y la de la Fuerza Pública. 

Las violaciones a los derechos humanos en los últimos días han estado además amparadas en la prevención del Covid-19 y el cuidado de la salud pública, con medidas que ya se venían implementando como la militarización de las ciudades y toques de queda, que fueron aprovechadas para que la Policía, el Escuadrón Antidisturbios y el Ejército utilizaran fuerza desmedida contra los manifestantes, les disparan por la espalda a personas desarmadas e incluso hicieran allanamientos y detenciones arbitrarias, que han sido declaradas ilegales, contra los supuestos responsables de los actos vandálicos. Todo esto mientras el resto de colombianos y colombianas se encuentran en sus casas como medida de protección ante el virus.

En estos momentos desconocemos como sociedad civil a cargo de quién está el manejo del orden público en las ciudades. El 2 de mayo, el presidente Iván Duque autorizó la asistencia militar, que permite que alcaldes y gobernadores, soliciten refuerzos del Ejército para que atiendan los casos graves de desmanes. Sin embargo, en las manifestaciones de los dos últimos años, algunos mandatarios han denunciado un quiebre entre las órdenes que siguen la Policía y el Ejército, que por orden de mando responden directamente al presidente Duque. 

Uno de los cientos de casos que nos alarma en esta coyuntura es la violación del Derecho Internacional Humanitario, que se ha podido ver reflejado en el aterrizaje de helicópteros de la Fuerza Pública, en espacial la Policía, dentro de colegios de Bogotá. Al respecto, los misioneros claretianos, que tienen a cargo el Colegio Claretiano de la localidad de Bosa, denunció que el ingreso en su institución se hizo de forma arbitraría, sin su conocimiento e incluso con amedrentamientos contra el guardia de seguridad. 

Como LIMPAL Colombia hacemos un llamado a todas las mujeres del mundo para que desde sus distintas secciones hagan un llamado al gobierno nacional al cese de la represión y las hostilidades contra los manifestantes, con el fin de convocar a un diálogo amplio para atender la crisis económica, política y social que estamos afrontando como país. Asimismo, les solicitamos aunar esfuerzos para realizar veeduría nacional e internacional a la situación de derechos humanos en Colombia.

Como movimiento feminista, antimilitarista y feminista, llamamos a la solidaridad de los pueblos y al apoyo de la comunidad internacional para que cesen estas horribles noches de violencia y miedo, que nos han arrebatado vidas de jóvenes que soñaron con una Colombia en paz, donde las vidas importen y sea posible vivir en dignidad.

Organizaciones de mujeres expresan su rechazo frente a nuevo caso de feminicidio en el Meta

8 de agosto

Rechazamos el feminicidio de Tatiana Ibarra Arias de 22 años y su hermana Yeimi Lorena Ibarra Arias de 14, ocurrido en la vereda Piñalito de Vista Hermosa, Meta, por parte de un miembro de la Policía de ese departamento. Desde Limpal Colombia, como una organización feminista, pacifista y antimilitarista, junto a la veeduría ciudadana: “Mujeres valientes” de Vista Hermosa, insistimos en que las mujeres y las niñas seguimos siendo víctimas de la violencia machista y exigimos medidas urgentes por parte del Estado que protejan y defiendan nuestra vida.comunicado caso pinalitoDurante 2018, el Meta fue el tercer departamento donde más casos de violencia intrafamiliar se presentaron, siendo las mujeres las principales víctimas (5,74%) y tuvo la tercera tasa más alta del país en casos de violencia de pareja (223,42). A nivel nacional, 19 de los 483 casos de asesinatos contra mujeres cuyo autor pudo ser identificado fueron cometidos por miembros de las fuerzas armadas, de policía, policía judicial y servicios de inteligencia durante el mismo año, de acuerdo con datos de Medicina Legal.

“El feminicidio es la máxima expresión del machismo. Repudiamos todo acto de violencia hacia las mujeres venga de donde venga. Hoy todas somos Tatiana y Lorena”, dice Mayda Roldán, coordinadora de Limpal en el Meta, Por su parte, la veeduría de mujeres valientes insistió además en la necesidad de tomar medidas dentro de la Policía para hacer frente a estos casos, teniendo en cuenta la obligación de esta institución de velar por los derechos y la integridad de las personas, especialmente de las mujeres y las niñas.

Frente a esta situación, solicitamos, primero a los medios de comunicación que llamen a las cosas por su nombre. La violencia contra las mujeres no se debe a “un arranque de celos” donde las mujeres “perdieron la vida”, es la manifestación más brutal de la violencia machista, llamada feminicidio, que tiene raíces profundas en nuestra sociedad y cuya erradicación es responsabilidad de tod@s. Segundo, hacemos un llamado a las autoridades encargadas para que actúen con celeridad frente a este caso y activen medidas de prevención y protección para que esta situación no se repita. Y, finalmente, instamos a la Policía Nacional para que se comprometa con la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas comenzando por cada uno y cada una de sus miembros.




Rechazo a las continuas violencias que sufren las mujeres

La Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar rechaza enérgicamente los casos de violencia contra las mujeres, las niñas y las jóvenes.


feminicidios 2 0 0La Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar rechaza enérgicamente los casos de violencia contra las mujeres, las niñas y las jóvenes que se vienen presentando  de manera sistemática en el departamento por parte de parejas, exparejas, familiares y sujetos aún no identificados. Estas violencias dan cuentan de la situación de riesgo que las mujeres enfrentamos por el hecho de ser mujeres, como resultado de un sistema criminal llamado patriarcado, que amenaza y acaba con nuestras vidas, como hemos denunciado en anteriores comunicados.

Han sido múltiples los casos de violencias contra mujeres ocurridos en el departamento en estos primeros meses del año, siendo la mayoría de las víctimas niñas o adolescentes. Yoerledis del Carmén Escandón Pacheco, de 16 años, fue asesinada por su pareja en el municipio de Mahantes. Otra mujer, también víctima de feminicidio, fue encontrada con señales de tortura y empalamiento en el corregimiento de Sincerín, Arjona. Dos niñas de seis y nueve años venían siendo víctimas de violencia sexual por parte de su padre en Magangue y una menor de 14 años fue violada por un vecino en el municipio de Santa Catalina.

Todos y cada uno de estos crímenes nos horrorizan y dan cuenta de la falta de sanciones efectivas para los responsables, así como de acciones contundentes de prevención y no repetición que permitan que paremos de contar mujeres víctimas de violencia en el departamento. Como Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, exigimos a las autoridades locales que activen de manera urgente la Ruta de Atención a Víctimas de Violencias Basadas en Género brindando atención en salud integral acorde con los protocolos, así como acceso a la justicia para las mujeres víctimas y al Gobierno Nacional que requiera a la Fiscalía General de la Nación para avanzar efectivamente en las investigaciones y sanciones, respondiendo a la obligatoriedad de atender a las mujeres bajo los parámetros de la Ley 1257 del 2008 y la Ley 1761 del 2015, en donde se tipifican estos actos de violencia.

Además, como organizaciones y colectivas feministas insistimos en la necesidad de activar un Plan de Prevención de Violencias de Género en el departamento. Plan que fue promovido por la Red de Empoderamiento de Mujeres y acordado en Consejo de Seguridad con la Gobernación de Bolívar en el año 2019, pero que lamentablemente no ha sido atendido ni implementado dando como resultado que las mujeres sigan siendo violentadas y asesinadas en un entorno donde reina la impunidad. Finalmente, hacemos eco de la reciente solicitud de la CIDH que obliga a Colombia a adoptar medidas para preservar la vida y la integridad de las mujeres víctimas.

No olvidamos tampoco las violencias cometidas contra las mujeres lideresas de derechos humanos, como es el caso de las amenazas contra la lideresa Ingrid Vergara Chavez, ni las recientes amenazas contra 21 profesoras (es) de El Salado. Consideramos que la falta de investigación y sanción frente a estos delitos vulnera nuestros derechos y fortalece el sistema patriarcal que se atribuye la propiedad de nuestros cuerpos y vidas. Las mujeres nos seguiremos cuidando entre nosotras, pero exigimos al Estado su responsabilidad con su obligación de cuidado y protección para garantizarnos el ejercicio pleno de nuestros derecho.

*Comunicado conjunto de la Mesa del Movimiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar 

Mujeres Valientes

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Veeduría ciudadana de mujeres por una vida libre de violencias. El pasado 11 de abril el grupo de Mujeres que conforman la veeduría ciudadana por una vida libre de violencias: “Mujeres Valientes” del municipio de Vista Hermosa, Meta, logró por primera vez un espacio de concertación y diálogo con funcionarias/os de las entidades competentes en la atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género, con el fin de visibilizar las barreras de acceso que tienen las mujeres para una adecuada atención en el marco de la normatividad vigente.

En esta reunión participaron entidades como la Comisaría de Familia, la Personería, el director del Hospital de Vista Hermosa, el director de la SIJIN, el secretario de gobierno, la teniente de la Policía, el juez municipal, la fiscal local, un representante del proyecto “Estrategia Ema” y un asesor de la Secretaría de la Mujer.

Si bien se reconocen avances significativos al contar con las rutas de atención a víctimas de violencia sexual y violencia basada en género en el municipio y una política pública de equidad de género departamental, estos avances se ven opacados por las barreras que tienen las mujeres cuando buscan acceder a los sectores que la componen: justicia, salud y protección, que se suman a la desconfianza que existe a nivel institucional. Esta carrera de obstáculos limita el acceso a la restitución de sus derechos como mujeres víctimas, expresa Adriana Rodas, vocera de la misma.

Por su parte, Nhora Leyton, otra de las voceras de la veeduría, expresó que el espacio de concertación y diálogo con la institucionalidad ha sido muy provechoso ya que se ha logrado exponer situaciones puntuales de mayor complejidad y ante las cuales se elevó una solicitud de respuesta institucional efectiva. Producto de este espacio de concertación se logró avanzar en acuerdos que mejorarán la calidad de la atención a las víctimas de violencia sexual y violencia basada en género.

Uno de los primeros acuerdos partió de reconocer que la salud mental en estos territorios no es una prioridad, especialmente cuando de violencias basadas en género se trata. De manera que, se acordó una primera fase de formación en primeros auxilios psicológicos para el personal del hospital y de la Policía Nacional- SIJIN por parte de la Secretaría de la Mujer. En el camino de la exigibilidad, la veeduría continuará insistiendo en la importancia de que la E.S.E. Departamental del Meta garantice que los primeros auxilios psicológicos sean una intervención primaria desde el sector salud principalmente.

Constatando el elevado número de situaciones relacionadas con violencia sexual y violencia basada en género que se comenten durante el fin de semana, se logró avanzar en el reconocimiento de las entidades de la necesidad de buscar alternativas efectivas y urgentes para solucionar esta situación y cumplir con la debida atención a mujeres durante todos los días de la semana.

En línea con el fortalecimiento de las instituciones responsables de las rutas se acordó reforzar las acciones de sensibilización para la recepción y atención de casos de VBG a funcionarios de la Policía Nacional y la SIJIN, como primeros respondientes.

La guerra nunca será legítima #BoteroRenuncieYA

Ayer, 5 de noviembre, durante el debate de moción de censura contra el Ministro de la Defensa, Guillermo Botero,el senador Roy Barreras denunció el asesinato de siete niños, niñas y adolescentes por parte del Ejército Nacional.

Estos menores habrían sido asesinados el 31 de agosto de este año en una operación militar realizada en zona rural de San Vicente del Caguán, haciéndolos pasar por disidentes de las FARC. Además, se presentaron pruebas adicionales del caso del excombatiente Dimar Torres y el joven Flower Trompeta, también asesinados por el Ejército.

La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal Colombia), como una organización feminista, pacifista y antimilitarista, rechaza estos crímenes de estado y de lesa humanidad que recuerdan las ejecuciones extrajudiciales cometidas en años atrás y que siguen sucediendo en los territorios. Estos hechos son el reflejo de un sistema que propende por la militarización y deshumaniza la vida de las personas, mientras reproduce la idea de un enemigo interno que convierte a cualquiera que esté en desacuerdo en enemigo.

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 Es por esto que, como ciudadanas organizadas, exigimos la renuncia inmediata del ministro Botero. No podemos permitir que quienes tienen el deber de protegernos, asesinen a ciudadanos y ciudadanas, especialmente si son niños y niñas, que son reconocidos como sujetos de especial protección por el derecho internacional humanitario.

Sin embargo, no basta con la renuncia del ministro Botero. Las comunidades en Colombia están en riesgo, las personas que ejercen liderazgo y defensa de derechos humanos y excombatientes están siendo asesinadas y el Estado colombiano no está garantizando sus derechos. Hoy más que nunca exigimos la implementación del Acuerdo Final como la única garantía para una paz estable y duradera.

Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la cooperación internacional para que alcemos la voz y exijamos la renuncia del ministro Botero. Pero, para que además, salgamos a la calle este 21 de noviembre a insistir por la necesidad de tener un gobierno que esté a la altura del momento de posconflicto que vive el país. Las mujeres feministas de Colombia acompañamos la frase de la senadora Victoria Sandino durante su intervención de ayer: “Ministro Botero, queremos decirle que a su guerra, nosotras no le caminamos más”.

#SinOlvido

Estos son los nombres de las niñas, niños y adolescentes asesinados por el Ejército:

Ángela Gaitán, 12 Jhon Pinzón, 17
Sandra Vargas, 16 Wilmer Castro, 17
Diana Medina, 16 Abimiller Morales, 17
José Rojas, 15

Las heroínas visibles del Meta

Las heroínas visibles del Meta

Las heroinas visibles del meta

“Les agradecemos porque nos han enseñado a toda una comunidad que debemos apoyar y compartir con las personas que están transitando a la vida civil porque todas y todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Cada persona puede poner un granito de arena para esta paz tan anhelada en nuestro territorio” dice Elba Aracely Quesada, lideresa de Puerto Rico, Meta.

Elba Aracely es una de las heroínas visibles que participó en el proyecto “En clave de reconciliación: reconstrucción de memoria histórica de las mujeres del Meta” implementado por Limpal Colombia y Acdivoca en Mesetas, Puerto Rico y Vista Hermosa, Meta con el apoyo de la Red de Mujeres Desplazadas del Meta. Este proyecto que duró 12 meses buscó reconstruir la memoria histórica de las mujeres desde una perspectiva feminista y de educación popular, reconociéndolas como promotoras de cambio en sus comunidades.

Esta frase de Elba Aracely, acompañada de 45 fotos y otros 5 relatos, quedaron plasmados en un fotolibro llamado “Heroínas visibles: las mujeres a la danza de la vida, la memoria y la reconciliación” que fue lanzado el pasado 12 de abril en Granada, Meta. El documento recoge el acto de reconocimiento que se llevó a cabo en cada uno de los municipios donde las mujeres participantes del proyecto pasaron de ser heroínas invisibles a ser heroínas visibles por su valentía y resistencia durante el conflicto armado, así como por su labor en el diálogo y la reconstrucción del tejido social de sus comunidades.

“Las mujeres se sintieron muy emocionadas de verse plasmadas en las fotos. Este fotolibro significa para nosotras la culminación de un proceso de memoria y reconciliación donde las mujeres fueron reconocidas por su aporte a la paz” dice Mayda Roldán, coordinadora regional de Limpal Colombia en el Meta. Limpal Colombia es una organización feminista pacifista y antimilitarista que trabaja en el departamento del Meta construyendo paz a través de procesos de empoderamiento para las mujeres .

El fotolibro se encuentra disponible para consulta en las bibliotecas de los municipios de Vista Hermosa, Mesetas y Puerto Rico, así como en el Centro Regional de Atención a Víctimas de la ciudad de Villavicencio.

Las mujeres no dejaremos sola a la paz

30 de mayo

Rechazamos vehementemente los panfletos que han circulado en los últimos días amenazando a mujeres defensoras de derechos humanos y constructoras de paz. El último, de autoría de las águilas negras, señala a siete mujeres defensoras como enemigas y extiende la amenaza de muerte a todas las mujeres que trabajan por la paz en el país.

comunicado panfletosEstas amenazas, más aquellas que han llegado a varios territorios de Colombia, son prueba de la escalada de violencia contra líderes y lideresas sociales, así como personas excombatientes, que se vienen presentando desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Vemos con preocupación cómo el gobierno de Iván Duque no solo no ofrece garantías de seguridad para estas personas, sino que también sigue sin hacer presencia en los territorios donde aún se vive la confrontación armada y, en cambio, voltea la mirada cuando de acciones para la implementación del Acuerdo de Paz se trata.

Desde Limpal Colombia, hemos defendido la importancia de las mujeres en la construcción de paz, como agentes claves para la resolución pacífica de los conflictos y el afianzamiento de los lazos fragmentados por la guerra. Hemos trabajado de la mano con las mujeres cuya apuesta por la defensa de sus derechos y los de su comunidad continúa con valentía a pesar de los riesgos y nuestro mensaje ante estas amenazas es claro: no nos dejaremos amedrentar por el poder de las armas, ni abandonaremos nuestra lucha por la paz, pues consideramos esta la única forma de construir un país diferente.

Para 2018, las agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos aumentó en un 64,3% con relación al año anterior, según el Programa Somos Defensores. Una cifra preocupante teniendo en cuenta que, como el mismo Programa ha dicho, los ataques contra mujeres defensoras suelen presentarse con extrema violencia y sevicia en comparación con los ataques a defensores. Además, desde la posesión del presidente Iván Duque 236 personas lideres sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Colombia, 80 de estas durante estos primeros cinco meses del 2019, de acuerdo con el reciente informe de Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria y Campesina. En cuanto a las amenazas, 1.5 personas fueron amenazadas por día en Colombia durante 2018, siendo esta la forma más común de intimidación contra personas defensoras, según Somos Defensores.

Expresamos nuestra solidaridad y apoyo con las mujeres cuyos nombres aparecen en los panfletos y con todas aquellas que han sido intimidadas individualmente por medio de llamadas y mensajes a sus celulares y hogares. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que ponga atención a la grave crisis de derechos humanos que vive el país y genere medidas integrales para la protección de la vida y los derechos de defensores, defensoras y excombatientes; medidas que vayan más allá de chalecos o escoltas y que realmente generen transformaciones en los contextos de violencia, incluyendo las necesidades diferenciales de las mujeres.

Por ahora nos quedamos con la frase de Mayerlis Angarita, lideresa de los Montes de María y víctima de un atentado el pasado 18 de mayo: “Hay que hacer un llamado por la unión de este país. No podemos seguir permitiendo que esto pase, no queremos seguir enterrando compañeras y compañeros. Nosotras estamos dispuestas a trabajar con este gobierno, nosotras somos defensoras de derechos humanos, somos constructoras de paz”.

 

 

Las mujeres feministas de Colombia estamos con la paz

Las mujeres feministas de Colombia estamos con la paz

las mujeres feministas de colombia

#DefendamosLaPaz

Hemos visto a las mujeres de los territorios de Colombia reconciliarse a pesar de las diferencias, hemos sido testigas de su valentía para alzar la voz y contar las violencias de las que fueron víctimas durante el conflicto armado, hemos acompañado sus exigencias de no repetición y hemos apoyado sus iniciativas de paz desde lo cotidiano como la única forma de transformar a Colombia.

Hoy, en medio de la tristeza que nos genera el anuncio de la creación de una nueva guerrilla, solo podemos levantarnos más fuerte y decir que no estamos de acuerdo con la guerra y que la paz es y seguirá siendo nuestra apuesta. Pero esa paz no se logra sola.

El gobierno tiene un compromiso con la mayoría de excombatientes de las FARC y la sociedad colombiana de implementar el Acuerdo Final para garantizar una paz estable y duradera. El incumplimiento de lo pactado acompañado del abandono del Estado es el mayor obstáculo para que la paz sobresalga en los territorios donde las economías ilegales y la violencia no cesan.

Pero debemos recordar que la paz no le pertenece al Gobierno, la paz depende del compromiso de todas y todos. Por eso, Limpal, como una organización feminista, pacifista y antimilitarista, les invita a apoyar a las personas en proceso de reincorporación y a manifestarse en contra de quienes hoy eligen la guerra. No queremos más líderes, lideresas y personas excombatientes asesinadas y no podemos permitir que violencias como la violencia sexual y el reclutamiento forzado continúen sucediendo en los territorios. La paz no se construye con las armas, quiénes optan por la guerra están equivocados.

¡En Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal Colombia) seguimos comprometidas con la paz feminista!

Las niñas y adolescentes en Colombia están en peligro

10 de julio

“Necesitamos más seguridad. En nuestros territorios hay mucha violencia, sobre todo sexual y psicológica, necesitamos atención, que haya justicia, que no se descarten las denuncias porque por eso es que matan a las mujeres. Necesitamos que las entidades cumplan con su deber para que pare la violencia” adolescente de Tumaco, Nariño*comunicado ninasAngie Lorena Nieto fue violada y asesinada el 1 de enero en el municipio de Cabuyaro, Meta, tenía 12 años; Diana Tatiana Rodríguez fue violada y asesinada en el sur de Buenaventura el 30 de marzo, tenía 11 años; Angie Carolina Pineda Sierra fue asesinada en Cúcuta el 11 de mayo, tenía 14 años; Jazmine Adriana Martínez fue torturada, violada y asesinada el 17 de junio; tenía 17 años. Como ellas aproximadamente 55 niñas y adolescentes son violadas en Colombia por día y cada tres días una es asesinada, según datos de Medicina Legal.

Desde la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal Colombia), como una organización feminista, pacifista y antimilitarista rechazamos estos hechos y expresamos nuestra preocupación por la situación de las niñas y adolescentes en los territorios de Colombia. Las cifras son alarmantes: el 86% de los exámenes medico legales por presunto abuso sexual practicados en el país durante 2017 fueron a niñas, niños y adolescentes, de estos, el 85% fueron mujeres. Además, de enero a mayo del 2019, se han presentado 288 homicidios contra esta población, según el último reporte de Medicina Legal.

Pero no solo se trata de las cifras. De acuerdo con lideresas de Montes de María, la situación en su región es preocupante. Para Yurelkis Arrieta Gómez, los casos son recurrentes, pero hay un silenciamiento por parte de los padres, las madres y la comunidad en general: “pareciera que hablar de violencia sexual es hablar de algo desconocido. Por miedo al “que dirán” no quieren decir nada sobre la violencia sexual que sufren las niñas y los niños”. Es por esto que muy pocos casos llegan a ser denunciados, teniendo en cuenta, además, que los agresores más comunes son familiares o personas cercanas. La situación tampoco es alentadora en cuanto a la atención psicosocial: “están tocando el futuro de Colombia. Ellas están creciendo con ese trauma porque no hay ayuda psicosocial” dice Gladys Martínez del Toro.

En cuanto al Meta, el tercer departamento donde más se presentan casos de violencia sexual en el país, se vive un constante acecho de las niñas y adolescentes por parte de los hombres: “los casos de violencia sexual son cada vez más comunes y se ven agravados por la falta de oportunidades y de políticas públicas, además del aumento de las redes delincuenciales” dice coordinadora territorial de Limpal en el Meta, Mayda Roldán. El pasado 25 de mayo, el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, acompañamos a mujeres y niñas de Vista Hermosa, Meta a manifestarse: “por la dignidad de mi cuerpo yo grito, yo invito a todas y a todos a que protejan nuestro cuerpo” exigió adolescente del municipio.

Frente a esta situación, que se replica en muchas regiones del país, hacemos un llamado a las entidades gubernamentales para que prendan sus alarmas y defiendan los derechos de las niñas y adolescentes. Demandamos especialmente al Ministerio de Educación Nacional para garantice planteles educativos que sean espacios seguros para las niñas y adolescentes pues, como denuncian las lideresas con las que trabajamos, muchas de ellas abandonan su estudio por el acoso y el bullying.

Insistimos en que la violencia sexual es un crimen de lesa humanidad que tiene graves consecuencias físicas y psicológicas y es deber del Estado garantizar el acceso a la justicia y la recuperación emocional de las víctimas. Además, recordamos la importancia de erradicar el silencio y la estigmatización hacia ellas: “es hora de tenerlas en cuenta, no solo las mujeres adultas son maltratadas. Hay que trabajar por el presente para que ellas tengan un futuro” dice Damaris Ramírez, Riosucio, Chocó*

*Testimonios recogidos en el Encuentro Nacional de Niñas, Adolescentes y Mujeres llevado a cabo en Bogotá el 2, 3 y 4 de mayo del 2018 por Limpal y UNICEF Colombia l 85% las víctimas fueron mujeres.

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