¿Resulta efectivo el Decreto para el control y regularización de las armas de letalidad reducida?

 

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Durante las protestas sociales realizadas en el marco del paro nacional del presente año -especialmente en el enfrentamiento ocurrido entre población civil e indígenas del CRIC en la ciudad de Cali-, se pudo evidenciar que muchos ciudadanos poseen armas de fuego, armas traumáticas o de fogueo, siendo estas últimas empleadas no sólo contra la Fuerza Pública, sino contra otros ciudadanos y ciudadanas que ejercían su derecho a la protesta. De allí la necesidad de regular y llevar registro sobre las personas que poseen un arma traumática, entendidas como armas que disparan proyectiles de goma y otros compuestos.

Al respecto, durante el Primer Encuentro de Seguridad, Justicia y Convivencia en Montería, se anunció por parte del Ministerio de Defensa el Decreto sobre el control y regulación de las armas de letalidad reducida o traumáticas en Colombia. Al adoptar un procedimiento especial que otorgue un salvoconducto en casos excepcionales para el porte de este tipo de armas será posible llevar un registro de su comercialización y uso. Sin embargo, este seguimiento se plantea como un escenario futuro que busca, según el ministro de Defensa Diego Molano, “salvaguardar la integridad de la Fuerza Pública”.

Regularizar el porte de armas de letalidad reducida no significa, per se, una disminución en la criminalidad, pues las armas usadas por los criminales son, claramente, obtenidas de manera ilegal y es muy poco probable que quienes las portan se acojan al período de transición para entregarlas o registrarlas ante el Departamento de Control del Comercio de Armas.

Por ello, desde ya es posible prever que el Decreto será muy poco efectivo en temas de control de armas empeladas para la comisión de delitos, pues la disminución del uso y porte de armas, en estos casos, enfrenta una disposición normativa insuficiente. Entonces, para cumplir ese objetivo será necesaria la creación e implementación de políticas públicas que atiendan las causas específicas del incremento de la criminalidad después de la pandemia.

En miras a cumplir con el propósito del Decreto, se debería establecer un control y rastreo de las armas que ya están en circulación, así como un mecanismo que incentive a las personas a entregarlas o registrarlas. Además, será importante realizar un seguimiento de los lugares que comercializan armas traumáticas, con el fin de que implementen un registro de venta que permita hacer el rastreo correspondiente. Asimismo, es preciso el seguimiento riguroso de las peligrosas modificaciones de las armas traumáticas que son comunes en Colombia, en tanto que estas permiten que los proyectiles lanzados sean más mortales que las que se supone que deberían usarse.

Cabe resaltar que, cuando la población civil contempla el porte de armas como una opción válida es porque ha perdido la confianza en la institucionalidad y en la Fuerza Pública, por lo que será necesario, de manera paralela, reformar este cuerpo armado al tiempo que los y las ciudadanas no sientan la necesidad de armarse ante un cuerpo policiaco que no cumple con su cometido constitucional.

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