Por una vida en dignidad: más vida, menos armas

Limpal Colombia rechaza la violencia como respuesta a la protesta social y nos unimos al dolor por las vidas perdidas

Desde el 28 de abril de 2021 inició el Paro Nacional en Colombia, como respuesta a la nueva reforma tributaria llamada por el gobierno de Iván Duque: “Ley de Solidaridad Sostenible”. Esta iniciativa neoliberal, presentada por el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, recibió serias críticas de empresarios, indígenas, campesinos, de parlamentarios, feministas y sectores populares por las afectaciones económicas y sociales que tendría en la población, principalmente en los más vulnerables en medio de la debilitada economía colombiana por la pandemia. En Colombia, el 50 % de la población está en la pobreza y la pobreza extrema.

Después de cinco días de movilizaciones, que estuvieron marcadas por el abuso de la fuerza policial, el presidente Iván Duque anunció el retiro de la reforma tributaria del Congreso de la República, donde sería debatida por los congresistas de los distintos partidos políticos. Sin embargo, hasta la fecha el proyecto económico sigue en manos del legislativo hasta que sea éste quien dé el retiro definitivo. Las movilizaciones lograron además la salida del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y su viceministro Juan Alberto Londoño. Pero Carrasquilla resultó transferido al Banco Interamericano de Desarrollo como presidente de las Asambleas. Un mensaje que refuerza no sólo la violencia política que se vive en las calles sino simbólica en cuanto desconoce el descontento sobre medidas económicas neoliberales e impopulares, que hasta el momento han llevado a la muerte y desaparición de decenas de personas y cientos de heridos.

En el marco de las movilizaciones, que ya completan diez días, y según los reportes de la ONG Temblores (entre las 6am del 28 de abril al las 10 am del 7 de mayo), se han presentado 1.773 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública, 11 de violencia sexual, 936 detenciones arbitrarias y 37 víctimas de violencia homicida en los que el presunto agresor son miembros de la Fuerza Pública, entre otros hechos lamentables. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada ha denunciado además que existen 379 personas desaparecidas, desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo. Estas cifras contrastan con el seguimiento que hacen instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo, que durante seis días estuvo ausente en la garantía de los derechos humanos en medio de las protestas. Carlos Camargo, el defensor a cargo de la entidad, estuvo fuera de la ciudad al parecer en su finca de descanso mientras ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Manizales eran militarizadas.

A pesar de estas cifras, el gobierno de Iván Duque ante la comunidad internacional ha intentado mostrar como mínima la vulneración de derechos humanos, poniendo el foco en la inestabilidad social y política del pueblo venezolano y en actos de vandalismo durante las protestas; asimismo ha desmentido los videos grabados por ciudadanas y ciudadanos, que evidencian el abuso de la fuerza, la militarización de los territorios y las no garantías a la movilización pacífica.

La represión y la censura no solo se han visto en las calles. En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, donde los primeros días fue más fuerte el accionar de la fuerza pública, se han hecho denuncias de cortes de luz y de bloqueo de la señal de Internet que ha imposibilitado el envío de denuncias audiovisuales y el contacto con organizaciones de derechos humanos. Entidades civiles, como la Fundación Karisma, han denunciado que desde el 2020, “policía estaría intentando adquirir software para monitorear contenidos y actividad en redes sociales. Existen registros de exclusión indebida de contenidos sobre las protestas en redes sociales y de imposibilidad de hacer transmisiones en vivo”.

Cabe resaltar que aunque la reforma tributaria fue el punto de quiebre para las movilizaciones, la indignación en las calles, expresada en su mayoría de forma pacífica, responde a la agudización de la violencia en los territorios: más de 900 líderes y 272 firmantes de la paz asesinados desde la firma del acuerdo de paz; 630 feminicidios en 2020 y más de 158 en lo corrido del 2021; 32 mujeres trans asesinadas en 2020, y 32 masacres en 2021. Han sido reiterados los llamados de organizaciones nacionales, comunidades indígenas, campesinas, feministas y de exguerrilleros, para poner fin a la militarización en los territorios y para abogar por la atención integral para sus poblaciones, que les permita vivir en dignidad.

Entre las peticiones de las diversas identidades, principalmente indígenas, campesinas y afro que habitan las regiones rurales, se encuentra además la detención de las aspersiones con glifosato como mecanismo en la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Esta medida es una clara violación al acuerdo de paz firmado en 2016, donde el Estado colombiano firmó el compromiso de apostarle al desarrollo del campo colombiano y a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Asimismo, existen peticiones como el cumplimiento de los demás puntos acuerdo de paz, el desmonte del paramilitarismo y la reforma estructural a las Fuerzas Militares, en términos de disminución de presupuesto, reemplazar las armas letales, limitar su accionar y prohibir el uso desmedido de la fuerza.

También se ha hecho un llamado a los medios de comunicación tradicionales, que han hecho un cubrimiento deficiente del Paro Nacional, ocultando las dinámicas de las protestas y estigmatizando la movilización pacífica poniendo el foco en los actos vandálicos. Preocupa que esta sea una estrategia, que responda a la presión del gobierno nacional, para limpiar su imagen y la de la Fuerza Pública. 

Las violaciones a los derechos humanos en los últimos días han estado además amparadas en la prevención del Covid-19 y el cuidado de la salud pública, con medidas que ya se venían implementando como la militarización de las ciudades y toques de queda, que fueron aprovechadas para que la Policía, el Escuadrón Antidisturbios y el Ejército utilizaran fuerza desmedida contra los manifestantes, les disparan por la espalda a personas desarmadas e incluso hicieran allanamientos y detenciones arbitrarias, que han sido declaradas ilegales, contra los supuestos responsables de los actos vandálicos. Todo esto mientras el resto de colombianos y colombianas se encuentran en sus casas como medida de protección ante el virus.

En estos momentos desconocemos como sociedad civil a cargo de quién está el manejo del orden público en las ciudades. El 2 de mayo, el presidente Iván Duque autorizó la asistencia militar, que permite que alcaldes y gobernadores, soliciten refuerzos del Ejército para que atiendan los casos graves de desmanes. Sin embargo, en las manifestaciones de los dos últimos años, algunos mandatarios han denunciado un quiebre entre las órdenes que siguen la Policía y el Ejército, que por orden de mando responden directamente al presidente Duque. 

Uno de los cientos de casos que nos alarma en esta coyuntura es la violación del Derecho Internacional Humanitario, que se ha podido ver reflejado en el aterrizaje de helicópteros de la Fuerza Pública, en espacial la Policía, dentro de colegios de Bogotá. Al respecto, los misioneros claretianos, que tienen a cargo el Colegio Claretiano de la localidad de Bosa, denunció que el ingreso en su institución se hizo de forma arbitraría, sin su conocimiento e incluso con amedrentamientos contra el guardia de seguridad. 

Como LIMPAL Colombia hacemos un llamado a todas las mujeres del mundo para que desde sus distintas secciones hagan un llamado al gobierno nacional al cese de la represión y las hostilidades contra los manifestantes, con el fin de convocar a un diálogo amplio para atender la crisis económica, política y social que estamos afrontando como país. Asimismo, les solicitamos aunar esfuerzos para realizar veeduría nacional e internacional a la situación de derechos humanos en Colombia.

Como movimiento feminista, antimilitarista y feminista, llamamos a la solidaridad de los pueblos y al apoyo de la comunidad internacional para que cesen estas horribles noches de violencia y miedo, que nos han arrebatado vidas de jóvenes que soñaron con una Colombia en paz, donde las vidas importen y sea posible vivir en dignidad.