¡Niñas y adolescentes indígenas merecen vivir libres de violencias!
Colombia está alerta tras denuncia de la Personería de San José de Guaviare, con el anuncio que en una zona de “tolerancia” en el municipio, niños y niñas indígenas de la población JIW y NUKAK son explotados sexualmente, desde hace tres años, por miembros del Ejército Nacional, quienes, aparentemente, podrían estar inscritos a la Brigada de Selva #22, con operaciones en la zona.
Según informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por semana se reciben cuatro denuncias por casos de abusos sexuales de niñas en el municipio. A esta denuncia, se suma el alto porcentaje de casos que no son denunciados, entre otras razones, porque la explotación sexual, es uno de los hechos con mayores cadenas de complicidad social e institucional, que además considera esta práctica de abuso como un sistema de trabajo con el cual las niñas y adolescentes pueden ayudar a la sostenibilidad económica de sus hogares.
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Recordamos, que en el departamento del Guaviare, las comunidades indígenas cada día se ven enfrentadas a la constante pérdida de territorio, debido al conflicto armado, lo que genera un desplazamiento de manera forzosa hacia diferentes municipios. Allí, mujeres, niñas y niños llegan sin los recursos mínimos para vivir en dignidad, factor que es aprovechado, en este caso, para realizar los abusos sexuales por parte de diferentes actores, entre ellos los militares.
La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad - LIMPAL, como organización feminista, pacifista y antimilitarista, rechazamos estos hechos, expresamos nuestra preocupación y recordamos que es inminente la transformación de las estructuras militaristas, las cuales han precarizado aún más las vidas y cuerpos de las niñas y mujeres en todo el país.
Estos hechos denunciados no son casos aislados, este tipo de abuso es estructural y sistemático; hombres con un poder evidentemente superior, ejercen violencias que afectan la vida y los cuerpos de las niñas y mujeres, las cuales son normalizadas por la sociedad en general.
Según el presidente Gustavo Petro, hay 118 militares del Ejército Nacional investigados por estos delitos. Esperamos que estas acciones NO sean vistas como unas “malas conductas” llevadas a cabo por una pequeña parte de la fuerza pública, por el contrario esperamos que estas denuncias sean sancionadas, desde el análisis a una doctrina militar que moviliza las acciones de toda la fuerza pública a un ejercicio del abuso del poder y la perpetuación de una sociedad patriarcal y que además ejerce su poder desde el rol como funcionarios públicos.
Exigimos que el Gobierno Nacional proteja y garantice, de manera integral, los derechos de niños, niñas y adolescentes. De igual forma, exigimos justicia, reparación y medidas de no repetición, así como la intervención inmediata por parte de todas las instituciones correspondientes, de manera tal, que desde ya se tomen las medidas necesarias para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectadas, así como generar un plan de prevención y acciones oportunas y preventivas.
Los cuerpos de las mujeres, niñas y adolescentes no son mercancía, no se cambian, no se pactan, ¡SE RESPETAN!