Deficiencias en la incorporación: La vinculación al ejército se realiza a partir de la ponderación de una “cuota de incorporación” que en las últimas décadas ha oscilado entre los 60.000 y los 45.000 jóvenes por año, el problema con esta meta es que obliga a los distritos militares a cumplir con la cifra asignada, sin importar el tipo de acciones en las que deban incurrir, que de acuerdo a los testimonio de jóvenes reclutados irregularmente, e informes presentados por ACOOC entre el 2012 y el 2021, suelen centrarse en presiones a los soldados u oficiales que se encargan de implementar la incorporación en las unidades o de forma irregular en las calles.
La salud mental de soldados y policías se ve afectada por distintos elementos, desde la doctrina militar impartida hasta los impactos de los combates y el conflicto armado. Las masculinidades castrenses son concebidas como invulnerables, por esta razón tramitar las profundas secuelas psicológicas generadas por la guerra es una acción que se considera contraria a esta creencia, lo que profundiza las dificultades en este proceso. Es necesario transformar el mito de que el hombre militar no se enferma, no siente empatía, no es vulnerable.
Deficiencia en la administración de justicia: El seguimiento a las violencias de muchos integrantes de la fuerza pública es ineficaz, debido principalmente a 3 razones:
- La incapacidad institucional para realizar una labor óptima de control sobre los 478.200 efectivos que integran esa institución.
- Falta de transparencia en lo que respecta a la Justicia Penal Militar, es difícil que haya garantías de justicia imparcial cuando se debe investigar a un efectivo de su misma institución.
- Los procesos judiciales cuando se dan, son en muchas ocasiones largos y victimizantes.
Podemos concluir que hay una sistematicidad de los actos de violencia cometidos por hombres de la fuerza pública en distintos territorios, así como la falta de celeridad y efectividad en el abordaje de las VBG, llama la atención como en la sentencia hito de 1990 se asume como responsable al Estado por hechos sucedidos en 1987, sin embargo, han pasado más de dos décadas para el diseño y puesta en marcha de protocolos al interior de la fuerza pública.