LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ Y LA LIBERTAD (LIMPAL) 

  

Somos una organización social no gubernamental, feminista, sin ánimo de lucro, construyendo paz desde 1915. En Colombia trabajamos desde hace 15 años en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, contribuyendo a la construcción de la sociedad basada en los principios de paz, libertad, dignidad y justicia social. Intentamos fortalecer la promoción de los derechos humanos y la reinvindicación de los derechos de las mujeres, su exigibilidad y hacer viables los procesos de reconstrucción y reparación. Nuestra prioridad es empoderar a las mujeres adultas y jóvenes para que su voz sea escuchada y así participar activamente en espacios de toma de decisión para la reparación integral de sus vidas y la construcción de paz en sus comunidades.

 

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ESTRATEGIAS PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS AL ACCESO DE SERVICIOS DE ABORTO LEGAL Y SEGURO EN COLOMBIA

Liderazgos comunitarios que promueven la libre opción de las mujeres a la reproducción

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Por: Mónica Montañez Martínez
Magister en Investigación de Problemas Sociales Contemporáneos.
Trabajadora Social

INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento consiste en compartir una experiencia exitosa en la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como mecanismo de resistencia a las barreras que se crean entre las mujeres y sus derechos. A través del fortalecimiento y capacitación de 30 líderes comunitarias ubicadas en los sectores más vulnerables de las ciudades de Bogotá y Pereira, capaces de informar, asesorar y remitir a las mujeres que requieran de servicios de aborto legal y seguro.

Además, describe cómo esta estrategia ha resultado pertinente en la garantía y protección de las mujeres en situación de desplazamiento que huyen de la guerra y se ubican en la periferia de las principales ciudades. Tras décadas de conflicto, se han presentado alarmantes situaciones de violación a los derechos sexuales y reproductivos, desdibujados en la atención a otras situaciones propias de la guerra.

Por lo tanto, la presencia de las líderes comunitarias, muchas de ellas víctimas del desplazamiento forzado, terminan por suplir acciones del Estado al gestionar ayudas prioritarias para la mujer y su familia, facilitar el contacto con las instituciones encargadas de la restitución de los derechos, asesorar sobre los mecanismo de protección, y crear lazos de solidaridad en la comunidad para establecer una red de apoyo.

En el año 2006, la Corte Constitucional emite la sentencia C-355 mediante la cual se despenaliza el aborto en tres casos: a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer; b) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; y, c) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.


Esta decisión marca un acontecimiento históricamente significativo en el reconocimiento y protección a la libertad, igualdad y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas. Sin embargo, el acceso a los servicios de aborto presenta una serie de barreras administrativas, económicas y culturales, que impiden la garantía plena de los derechos y someten a la mujer a prácticas de aborto clandestino, asumir una maternidad no deseada o buscar medidas extremas como el suicidio, el abandono de la etnia a la que pertenecen en caso de las mujeres indígenas o el rechazo y discriminación de su familia.

A 12 años del cambio jurisprudencial, la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y la decisión de una maternidad deseada, libre y voluntaria, continúa estado en el trasfondo de una discusión política, cultural y legal, que refleja el debate público y complejo entre la reivindicación del derecho a decidir una maternidad y la protección de la vida del feto. Este debate muestra las inconsistencias de un país adscrito a la mayoría de pactos y convenios internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de garantías en el acceso a los servicios, la presencia de grupos de la sociedad civil y dirigentes políticos dispuestos a revertir los avances en materia de derechos, el aumento de campañas y movimientos en contra del aborto, así como una serie de barreras administrativas por parte de los encargados de la prestación de servicios de aborto legal y seguro.


Entre las barreras más significativas que transgreden el marco normativo existente y que vulneran los derechos de las mujeres, se encuentran: i) Desconocimiento del marco normativo (falta de conocimiento de la sentencia C355 y de los desarrollos posteriores; violación de las regulaciones sobre los derechos de las mujeres frente a la IVE; e incumplimiento de las obligaciones generales relacionadas con la IVE); (ii) Interepretaciones restrictivas del marco normativo (solicitud de requisitos adicionales a los contemplados por la Corte; limitación en la prestación con fundamento en la edad gestacional; uso inconstitucional de la objeción de conciencia); (iii) Fallas en la prestación del servicio de salud (fallas de los profesionales de la salud y fallas administrativas) 2.

 

Estas múltiples barreras representan una amenaza para el ejercicio de los DSR e impactan negativamente la salud integral de las mujeres, incrementan el embarazo adolescente, el embarazo no deseado y la mortalidad materna, todas ellas, causa y consecuencia de desigualdades socioeconómicas y un obstáculo para el desarrollo integral de las mujeres, en tanto las expone a situaciones de inequidad y exclusión.

 

Artículo completo aquí 

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2 González Vélez, Ana Cristina y Castro, Laura. “Barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia”. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Bogotá. 2017.

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